miércoles, 23 de junio de 2010

El Defensor del Pueblo critica las colas del registro civil

Clama al cielo. Las colas junto al registro civil han llegado al Defensor del Pueblo, que las pone de manifiesto en su informe anual. Enrique Múgica también habla da un tirón de orejas por  el "problema crónico de las listas de espera, sintomático de los problemas que afligen a una Administración sanitaria huérfana de la debida atención en recursos humanos y materiales". Y cita entre los ejemplos a varias unidades del Hospital Príncipe de Asturias. En la lista de fallos al funcionamiento de la administración hay espacio hasta para hablar de la falta de traductores en los juzgados o de los impagos a los abogados del turno de oficio.
Gente desde las tres de la mañana haciendo cola, personas que cobran por guardar los turnos de otras, una oficina colapsada... todo ello ha llamado la atención del Defensor del Pueblo tras una investigación de oficio iniciada ante el Ministerio de Justicia y ante la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. La oficina de Múgica reconoce la necesidad de "dotar a la plantilla de personal del Registro Civil de la localidad de Alcalá de un número adecuado de efectivos que le permita hacer frente a su considerable carga de trabajo".
La burocracia no es la única queja que manifiesta el Defensor nombrando a Alcalá. Además  ha registrado problemas de información y documentación clínica –dentro de un "modelo ético de actuación"– y otros fallos relacionados con el alcance y la extensión de prestaciones sanitarias. Especialmente en nuevas terapias, ordenación de recursos, así como la atención primaria y especializada, que adolece de "burocratización, escasez de plantilla" y la seguridad en los pacientes.
Múgica cita varios ejemplos relacionados con el Hospital Príncipe de Asturias. En primer lugar, la espera de seis meses en el servicio de cardiología –en concreto para hacer la prueba de esfuerzo– en el hospital de Alcalá. Y tres años y medio para la realización de pruebas de alergia a medicamentos en el mismo centro.
Del informe se derivan algunos casos muy concretos, como el motivado por una mujer que se dirigió al Defensor del Pueblo porque había sido incluida en lista de espera de la Unidad de Reproducción Asistida del Príncipe de Asturias, para ser sometida a la técnica de "fecundación in vitro". Al parecer posteriormente  fue excluida de dicho tratamiento al considerar los especialistas de la mencionada unidad que las parejas que ya tenían un hijo no podían ser sometidas a tratamiento de fertilidad. El Defensor del Pueblo no está de acuerdo: "No pudiendo compartir esta Institución el criterio sustentado por la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se formuló a dicho organismo una recomendación a fin de que la técnica de fecundación in vitro se facilite a todas aquellas personas que tengan problemas de fertilidad y reúnan las condiciones establecidas en la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida"
En el volumen de quejas toca los ámbitos más distintos, también al de la justicia. Al parecer, la escasez de traductores afecta no sólo a los juicios rápidos, sino también a las tomas de declaración. Múgica se apoya en el testimonio de un trabajador de la justicia, que ha declarado que es muy fácil que una persona venga a ser interrogada a primera hora de la mañana y permanezca en los calabozos hasta la madrugada porque no se le encuentra intérprete. En esta información. no obstante, se finalizaba afirmando que el problema es mayor en las ciudades alejadas de la capital, sobre todo en las que cuentan con un mayor colectivo de inmigrantes –como los rumanos en Alcalá– o que no tienen un fiscal propio y han de esperar a la llegada de otro. Otras quejas con más conocidas por el impacto que tuvieron en los medios. A finales de julio del 2009, un letrado presentó una queja ante la Institución en la que exponía que la Comunidad de Madrid no satisfacía desde enero de 2009 el pago de las cantidades que en concepto de derechos por la asistencia jurídica gratuita le certifica trimestralmente el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e, igualmente, el de Alcalá.
Múgica denuncia que ese impago se produce "mientras los profesionales trabajan a diario en defensa y representación de los intereses de los ciudadanos objeto del sistema de justicia gratuita". 

No hay comentarios: