viernes, 24 de septiembre de 2010

“Quien puede ilegalizar la prostitución es el Gobierno”

Si la ministra quiere solucionar el problema, es momento de que su gobierno haga algo. Es lo que le han contestado a Bibíana Aído desde el equipo de gobierno municipal tras sus críticas a la ordenanza anti prostitución de Alcalá, que va a multar con 3.000 euros a los clientes y a las mujeres que ejerzan la prostitución en zonas residenciales o próximas a los colegios. Aído consideró que "esconder el problema no lo soluciona". El edil de Seguridad, Javier Fernández Abad, cree que es la ministra la que no se enfrenta "al problema, porque quien tiene competencias es el gobierno central, nosotros no podemos hacer más"
La ministra cree que el Ayuntamiento pretende "desplazar el problema". Lo dijo el jueves pasado y se refería a la intención de Alcalá de endurecer las multas por el vandalismo callejero y evitar la práctica, el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales, que por fin serán sancionados. También  ocurrirá lo mismo con los actos sexuales u obscenos en los espacios públicos o en el interior de los vehículos de la vía pública.  
"La competencia de seguridad la tiene Delegación del Gobierno", protesta Abad. El Ayuntamiento sólo puede, por su parte, "apoyar a las mujeres". La prostitución, dice el edil, "es un problema de Estado, no es un problema de Alcalá, y quien tiene realmente competencias para luchar contra la prostitución o ilegalizarla es el gobierno central, al que pertenece Bibiana Aído, así que es ella la que está desplazando el problema".
"Con nuestra ordenanza no hay ningún afán recaudatorio", añade el edil, que recuerda que el propio texto establece la posibilidad de pagar la sanción con trabajos para la comunidad. 
La ordenanza entrará en vigor 15 días después de ser publicada en el Boletín de la Comunidad de Madrid. El concejal ha sido claro: la nueva normativa no es un brindis al sol y se multará "a todo el que la quebrante". Eso sí, los primeros días se avisará antes de multar para que los clientes y las meretrices sepan a qué atenerse. La Policía Local empezará a recibir cursillos previos durante los días anteriores para poder abordar mejor el problema.  
La ministra lo ve de manera distinta. Aído explicó que "tratar de desplazar" el problema de la prostitución callejera "no lo soluciona" sino que, a su juicio, "hay que abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos". "Lo más importante para el Gobierno es atender a quien se encuentra y detener a quien se lucra", zanjó.  Sobre el consenso político de la retirada de los anuncios de contactos sexuales en los periódicos, Aído aseveró que el Ejecutivo tiene "una postura firme" respecto a estos anuncios que es contraria a ellos y se congratuló porque se haya "respaldado de manera unánime" por parte de todos los grupos del arco parlamentario. "Atentan contra la dignidad de las mujeres, son alcance fácil y masivo, no protegemos a los niños de verlos y detrás de los hay proxenetismo", por estos motivos Aído apuntó que es "momento de eliminarlos", pero no dio fechas o plazos para esta medida.
Mientras, Bilbao también ha aprobado definitivamente la Ordenanza de Espacio Público, que prohíbe el ofrecimiento de servicios sexuales, las prácticas sexuales "incívicas" y el sexo explícito en la calle. En concreto, el texto veta aquellas prácticas que "atenten contra la ciudadanía mediante la exhibición pública de actos de marcado carácter íntimo y personal" y en las que "el sexo esté explicitado y sea pública y notoria su realización, de forma y manera que resulte imposible no advertirlo".

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