jueves, 14 de octubre de 2010

Ciudadanos, no súbditos

La cita electoral de mayo del año que viene está cada vez más cerca y sobra decir que es clave: decidirá ayuntamientos y comunidades autónomas, pero también dará una instantánea de en qué punto se encuentra el pulso Zapatero y Rajoy, previsibles rivales de cara a las elecciones generales de 2012. Al calor de la precampaña se concentran las inauguraciones de los gobiernos por un lado y las ganas de aguar la fiesta de los grupos de la oposición. Arreciarán más las pitadas, las declaraciones altisonantes en los medios y los ataques dialécticos. Es inevitable, pero sería bueno que, sobre todo en el plano nacional –por la crisis que han de manejar unos u otros– aflorasen cuanto antes más ideas y propuestas de futuro. El ejemplo cundiría tal vez en las divisiones regionales de los partidos, muchas veces comparsa de Ferraz o Génova.  Y también en las agrupaciones locales, pues por ejemplo en Alcalá los socialistas hace tiempo que adoptaron en papel de mono de repetición y alabanza ante todo lo que emprende o rectifica Zapatero.
Las polémicas, muchas de ellas bizantinas, son inevitables. Y las propuestas, necesarias. Pero además los partidos deberían tener algo más de respeto y decoro con el sistema que tan bien les da de comer: las instituciones públicas. Las obras no salen del bolsillo del presidente, ni de la paga de la presidenta, ni del presupuesto familiar del alcalde. Son dinero ciudadano, algunas veces gestionado con pericia y eficacia pero casi siempre con alguna demora en el tiempo o algún error de planteamiento. Así que lo primero que se impone es algo de modestia y honradez, pero sobre todo no tratar al ciudadano como si fuese un ignorante que cree que las infraestructuras son un acto de amor de los padres de la patria hacia el pueblo harapiento y desposeido de sus derechos. En realidad el derecho a disfrutar de tales dotaciones y el deber de pagarlas con los impuestos existían mucho antes de que ellos llegasen al poder y continuará vigente cuando se hayan marchado.
Aunque todos los concejales del Ayuntamiento y los diputados de la Asamblea deberían aplicarse estas palabras, es imposible no destacar la actitud de la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce. Sin querer entrar a valorar ahora su gestión como responsable política, debemos suplicarle desde estas líneas un mínimo de decoro, de sentido del ridículo, de madurez y de respeto al ciudadano cuando  habla en nombre de nuestro Gobierno. Su tono propagandístico y las loas que con asiduidad canta a su presidente cada vez que se le acercan los periodistas no casan con su puesto de responsable política en un país serio donde los partidos son una cosa y las instituciones otra. Los ciudadanos, que no súbditos, se merecen otra cosa. 

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