lunes, 18 de abril de 2011

La campaña no necesita estas limitaciones

Es posible que para la Junta Electoral las vallas publicitarias que anunciaban al candidato del PP en Alcalá estuviesen demasiado tiempo. Y que la revista que buzonea el PSOE local haya llegado demasiado pronto a los los domicilios complutenses. Pero a poco más de un mes de las elecciones poco puede hacer la Junta Electoral Central para contener artificialmente un debate, a través de cualquier canal, lleva meses en marcha. Por eso resulta un poco ingenuo que ahora se exija a los políticos que acompasen sus promesas a un calendario o formato cuando su principal debe con la sociedad es que no siempre las cumplen pese a haberlas repetido machaconamente durante semanas. El debate político necesita más sosiego, más carácter constructivo y menos insultos. Fijarse en el cómo o en el cuándo se producen los argumentos o la propaganda es coger el rábano por las hojas. Aunque pudiesen tener algún sentido las limitaciones a la propaganda hasta que arranque oficialmente la campaña por una razón económica, está visto que tras las regañinas a posteriori de la Junta Electoral no se puede deshacer el incumplimiento, con lo que las agrupaciones poco tienen que perder.
Pero si este interminable juego del gato y el ratón ha perdido sentido a la hora de llevarse a la práctica, lo que supone un absurdo es el hecho de que la Junta Electoral Central haya osado convertirse en el editor de los telediarios, decidiendo qué debates políticos se emiten en las televisiones, qué líderes que han de ser entrevistados y cuántos minutos dedican a informar de los mítines. En primer lugar hay que resaltar que, aunque sean concesiones, hablamos de cadenas privadas que arriesgan un capital para intentar lograr unos resultados, por lo que es un abuso imponer una batería restricciones que además se unen a la que, desde hace años, vienen aplicando los grandes partidos durante las campañas al prohibir a las televisiones meter sus cámaras en los mítines. Los partidos  ya distribuyen sus propias imágenes a las empresas audiovisuales como si fuesen una productora, la las cadenas se limitan a pinchar la señal institucional porque es más barato: de este modo la propaganda no se ve empañada por ningún matiz. Parece que este ventajoso sistema no es suficiente para los partidos, que ahora también quieren tasar el tiempo que empresas privadas de producción de contenidos les dedican a cada uno.
Es lamentable que cueste tanto alcanzar pactos de Estado respecto a la educación o las pensiones pero los grupos políticos no encuentren dificultad en unir sus votos en el Parlamento para repartirse cuotas de pantalla en épocas electorales, intentando intervenir en las cadenas privadas como ya hacen en las públicas.

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