viernes, 22 de julio de 2011

Un regate legal para los rumanos

Parece irónico que un país que tanto ha recibido de la Unión Europea defienda que el continente marche a dos velocidades, pero eso es lo que se puede concluir del anuncio del Gobierno, que ha decidido reactivar la exigencia de permiso de trabajo a los rumanos. Aunque entraron en la Union Europea en 2007, estos ciudadanos de la UE deberán disponer de este permiso para ser contratados por cuenta ajena en nuestro país. La decisión del Ejecutivo parece pretender vincular el flujo de entrada de trabajadores a las necesidades del mercado laboral y evitar que prolifere la economía sumergida, aunque dada la preferencia de los rumanos por España es muy probable que precisamente encuentren hueco en los trabajos ilegales. Poco tranquliza que el Gobierno haya confirmado que la exigencia no tendrá efecto sobre los trabajadores de esa nacionalidad que ya forman parte del mercado laboral español, porque no queda claro que ocurrirá con los que hayan perdido su trabajo o puedan perderlo más adelante. ¿Pasarán a ser ilegales? 
Se trata de una medida injusta que penaliza a los rumanos por ser muchos –más de 10.000 en Alcalá– en lugar de buscar otras vías para agilizar el mercado laboral. Supone una deslealtad hacia un país con el que nos unen estrechos lazos comerciales y además una medida poco ortodoxa con los procedimientos de la UE, por mucho que el Gobierno asegure que no contraviene el tratado de libre circulación de personas. La propia Comisión Europea ha advertido ya de que España no puede introducir nuevas restricciones para la entrada de trabajadores de esta nacionalidad. Si les va a dejar entrar pero no les va a permitir trabajar legalmente ni por lo tanto cotizar, podemos concluir que el Gobierno prefiere quitarse un problema migratorio aunque engorde otros como la desigualdad y el trabajo que no suma recursos. Claro que si no son legales no podrán contar como parados en las estadísticas que tanto les preocupan, aunque la realidad seguirá existiendo. 
Es cierto que, como se ha comprobado en Alcalá, el mercado de trabajo no tiene ya nada que ver con el de 2007. La actitud del Gobierno había sido positiva al regular la situación de los trabajadores que la economía necesitaba, aunque aplicó hasta 2009 una injusta moratoria de dos años que ahora quiere desenterrar de una manera un tanto aparatosa. Para evitar más presión en el mercado laboral –el 30% de los rumanos que residen en nuestro país están en situación de desempleo– complicará la agrupación familiar, la situación de los que trabajan de manera discontinua y creará inmigrantes de primera y de segunda con este regate legal que no es de recibo. 

No hay comentarios: