miércoles, 22 de junio de 2011

Mono-hombre en París

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Hace un par de días una masa enardecida impidió detener a una chavalita en Bayona (Francia). Contra ella pesaba una  euroorden planteada por España para entregar a esta destacada dirigente de Batasuna en Francia. Allí esta formación política es legal, pero el delito que se le imputa es pertenencia a banda terrorista. Tal vez no hayas accionado jamás la palanca de la cámara de gas, pero el hecho de estar en el organigrama de las SS digamos que justifica que acompañes a la policía para que te hagan unas preguntitas. 
Unos indignados, como no, se indignaron: se sienten oprimidos por las leyes, por la policía, por los políticos, por las normas y hasta por la ropa interior. Pero además de enfadarse, obstruyeron por la fuerza la acción dictada por la justicia francesa, que les debe parecer tan fascista como la española. ¿Cómo nos van a representar si se llevan a una de las nuestras? Si en lugar de formar parte de una organización que colabora con el terrorismo fuese una aliada de redes de pedofilia, los indignados le hubiesen dado la espalda. Hay delitos fetén y otros que son sencillamente asquerosos, ahí les daremos la razón todos. 
También los pitecántropos de la bandera se han rasgado las vestiduras porque los manifestantes gritan su indignación en castellano: Carod Rovira, ya en dique seco, se lamentaba de escuchar proclamas libertarias en castellano por las calles de Barcelona: "Tienen todo el derecho del mundo a indignarse. Pero si quieren hacerlo como españoles, que se manifiesten, se meen, pinten, chillen en su país". Y es que Rovira se quejaba, y con razón, de la meada colectiva que habían sufrido las Ramblas. Claro  que de sus palabras parece desprenderse que hubiese visto con mejores ojos la cosa si hubiesen gritado y orinado en catalán, con un chorro cuatribarrado. A usted, que no es un hombre de mundo como Carod, le parecerá imposible defecar en un idioma concreto. Son cosas que sólo sabe hacer el mono-hombre en París, o en Bayona. Pobres gendarmes franceses. 

martes, 21 de junio de 2011

Darwin contra todos

Cuentan que ocurrió en un consejo de ministros de José María Aznar. Celia Villalobos, titular de Sanidad, hizo una encendida defensa del gasto sanitario. Al acabar su intervención, recibió la adhesión de varios compañeros ministros, que la apoyaron en su reclamación de mayores fondos para su negociado. Entonces, tomó la palabra el vicepresidente Rodrigo Rato, y con las gafas a la altura de la punta de la nariz recordó a los titulares de cada uno de los departamentos tres cosas: que el presupuesto aprobado por ellos era ése y no otro, que los impuestos eran los votados hace meses sin que nadie hubiese objetado entonces y que si alguno creía prioritario aumentar más el gasto en Sanidad estaba esperando su propuesta con la equivalente quita a su departamento. Sobra decir que el presupuesto de Sanidad no se movió un decimal aquel viernes en Moncloa.    
Los ayuntamientos han tardado años, pero se encuentran por fin en ese punto del recorrido: con las gafas deslizadas hasta la punta de la nariz y mirando con cierta distancia cosas que antes parecían inmutables: las nueve tenencias de alcaldía para sustituir a un alcalde, sueldo fijo de por vida para toda la prole funcionarial, presupuesto elástico y mantenimiento de usos y modos del siglo XIX en la gestión y atención al público. Las matemáticas y el hartazgo de la gente han puesto a los políticos ante el espejo de la realidad. Ni más ni menos que lo que hace una familia cuando ingresa menos dinero: recortar gasto no esencial. La medida no es de izquierdas ni de derechas, es más vieja todavía que la democracia, y probablemente anterior a la idea del bien y el mal. 
En otros ámbitos de la existencia, es la selección natural formulada por Charles Darwin la que moldea los organismos. Sobreviven y se reproducen los seres vivos mejor dotados, los más rápidos y los más sanos. En el mundo de los negocios se intenta imitar este modelo, aunque con más abuso y menos igualdad de condiciones. Y en el sector público no hemos visto jamás cerrar a un ayuntamiento, a una universidad o a una empresa estatal: la lentitud no se paga en las urnas, las cuentas insanas se ven empeoradas por los siguientes en tomar el poder y siempre los únicos damnificados por la deuda son los que vienen en la siguiente generación. 
El pago por objetivos es una apuesta ambiciosa en un ámbito como el público, en el cual el despido es un imposible y la sanción algo inhabitual. Pero el teniente de alcalde Javier Bello ha enfocado bien el asunto al destacar que se trata también de premiar a quien hace bien su trabajo. La rendición de cuentas y el premio al que destaca tienen mala fama en España y en otros países de arraigada cultura católica, y es de esperar que choque con el trancredismo sindical de ver cada recompensa o cada puesto como un milagro en la noche o un derecho arrebatado a un mundo oscuro preñado de maldad desde Adán y Eva. 
Lo que está haciendo, o mejor dicho lo que dice que va a hacer, el Ayuntamiento de Alcalá no es más que lo que hace falta para evitar una quiebra técnica, un alza fiscal o un recorte en servicios a la comunidad: más con menos y pensando siempre a medio plazo. La fórmula no es nueva: la vienen aplicando empresas, empeñadas en su supervivencia desde el principio, durante décadas. El dinero que se ahorra con el recorte en cargos no supone el grueso del presupuesto, pero la repetición de ese gasto a lo largo de los años sí da una cifra sonrojante con la que se pueden pagar cosas más necesarias. El nuevo modelo de retribución tendrá que superar un escollo llamado convenio colectivo, que resume una miriada de privilegios demasiado onerosos para una ciudad que se encuentra en una encrucijada tan negra. No se trata de recortar derechos, sino de aplicar un sano instinto de supervivencia a una maquinaria pública que nos conviene que siga existiendo. La figura municipal, que es la gran maltratada en España, es precisamente la primera en ser cuestionada ahora: desde diversos ámbitos se propone fusionar ayuntamientos pequeños para hacerlos más eficaces, y en los últimos años se ha propuesto varias veces privar a los alcaldes de determinadas facultades demasiado tentadoras como la ordenación urbanística. Poder elegir voto a voto al señor que  ordena el tráfico, traza los barrios y atiende las quejas es un lujo democrático que deberíamos cuidar. Y proteger algo, al contrario de lo que piensan los creacionistas sociales, no consiste en dejarlo como está. 
Estas dos visiones que se contraponen siempre sobre asuntos como los funcionarios, el presupuesto, el gasto y los servicios públicos tienen un gran parecido con la polémica que enfrenta a la obra de Darwin por un lado y a la respuesta de los creacionistas –que creen en el diseño divino– por otro. La cuestión es si nos damos cuenta de que las sociedades avanzadas hemos llegado a los actuales niveles de comodidad, justicia y progreso a través de inciertas y ásperas reformas o si creemos por el contrario que es el caprichoso dedo de Dios o de la Historia el que dicta la malandanza de los territorios. El dilema es si creemos que nuestras garantías, derechos y ayudas son inmutables y están amparadas por una fuerza superior contra la cual el mal no podrá jamás o si por el contrario nos damos cuenta de que los servicios públicos no son sino una convención humana que puede degradarse y morir, una creación que lleva sólo unos minutos funcionando en la escala de tiempo de la historia. O, dejando a un lado el tono grandilocuente, si alguien va a dar el paso desde la política para reformar aquello que gestiona –las instituciones y los servicios públicos– aunque sea con riesgo de equivocarse y recibiendo las críticas de los que creen, como lo hacía la ex ministra Carmen Calvo, que el dinero público no es de nadie, por lo que todo lo sustentado por ese flujo inagotable es un vergel que jamás debería ser tocado por el ser humano salvo para ampliarlo. 
No temamos ofender a Dios.